AL PUEBLO PERUANO

Unión Socialista Libertaria (USL) expresa su repudio total al plan de genocidio en marcha contra los luchadores sociales, plasmado en la masacre acontecida en la ciudad de Bagua, en la Selva peruana (5 y 6 de junio), donde han caído abatidos por balas de las asesinas fuerzas especiales de la Policía Nacional, casi un centenar de pobladores, entre nativos, campesinos, trabajadores y estudiantes (miserablemente el gobierno dice que solo han sido 9 o 12 indígenas muertos), que se hallaban protestando en el marco de una huelga general en la región que empezó el 9 de abril, exigiendo la Derogatoria de una serie de Decretos Legislativos dictados no por el Congreso sino por el propio Gobierno central, y que son lesivos a su propia subsistencia como comunidades originarias.

La propia Defensoría del Pueblo emitió recientemente un informe en el que concluye que los decretos legislativos son inconstitucionales. El segundo gobierno aprista, encabezado nuevamente por el ya reincidente genocida Alan García Pérez (aun está pendiente su juzgamiento por ordenar la masacre perpetrada por la Marina peruana contra presos políticos recluidos en varias cárceles de Lima, en junio de 1986, durante su primer gobierno), a sangre y fuego ha impuesto los mandatos del Imperialismo norteamericano, en el marco de la implementación del TLC. Esto es, la venta de los territorios donde durante miles de años han desarrollado su cultura y democracia comunal los pueblos originarios del Perú, a las transnacionales hambrientas de más poder y territorios.

Lamentablemente, el viernes 5 de junio del 2009 será una fecha que jamás olvidaremos
nosotros los libertarios de Latinoamérica. Al igual que en otras luchas emprendidas por comunidades originarias contra las políticas neoliberales del capitalismo imperialista, acalladas a sangre y fuego (Los Awá en Colombia, los Mapuches en Chile, las poblaciones originarias en Atenco, Oaxaca y Chiapas en México, etc.) las fuerzas represivas del Estado han desatado una nueva masacre al disparar contra miles de pobladores y nativos indefensos, provocando la ira popular, y generando un enfrentamiento desigual donde la peor parte la ha llevado la masa de manifestantes que participaban de protestas, tomas de locales y bloqueos de carreteras, si más armas que sus puños, sus consignas, piedras y palos contra bombas y balas del Estado.

La derecha peruana, con la vergonzante comparsa del periodismo amarillista y pro-gobiernista, se rasga hoy las vestiduras “lamentando” la muerte de casi una docena de policías de la DINOES (cuerpo especial armado hasta los dientes y especializados en tácticas anti-subversiva), a manos del pueblo, que respondió así al primer gran zarpazo con el ametrallamiento y bombardeo desde helicópteros y por vía terrestre.
Ahora los políticos burgueses exigen la mayor sanción posible y que se respete el “principio de autoridad”. Es decir, piden mayor genocidio y despojo contra el pueblo que protesta por sus derechos y su dignidad.

El libreto ya estaba marcado En el Congreso, el debate por la derogatoria del nefasto Decreto Legislativo 1090, también llamado la Ley de la Selva, que consagraba el despojo legal de las tierras de las comunidades indígenas en favor los intereses de las transnacionales depredadoras del medio ambiente, fue suspendido el jueves 4 de junio por la votación mayoritaria de la bancada aprista. Para el día siguiente ya se alistaba en las oficinas de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la orden de detención contra el principal dirigente de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), el compañero indígena Alberto Pizango, principal vocero de los “Apus” de las comunidades originarias en pié de lucha. Y ese mismo día, en horas de la madrugada, la Policía Nacional del Perú, a través de un contingente de 639 efectivos de la DINOES empezó el ataque a la población civil sublevada.

En respuesta el pueblo se lanzó a las calles a apedrear e incendiar los locales de las instituciones estatales más odiadas e incluso el local del reaccionario partido de gobierno. Entonces, la represión fue inmisericorde. Sospechosamente, entre la mayoría de los muertos figuran los principales representantes de diversas comunidades (entre los muertos figuran, por ejemplo, los “Apus” de la étnia awajun Felipe Sabino César y Mateo Inti, además al dirigente del Comité de Lucha de Condorcanqui, el aguaruna-huambisa Santiago Manuin, ganador del premio Reina Sofía como defensor de la naturaleza y de los derechos humanos, a quien la Policía Nacional del Perú, tras acribillarlo, lo dio por muerto y abandonaron, pero luego apareció en el Hospital de Bagua), lo cual lleva a concluir que se ha tratado de un operativo de aniquilamiento contra las propias etnias, planeado al detalle. Esto, en buena cuenta, es un genocidio.

Mediante Decreto Supremo 035-2009-PCM (05 Junio del 2009), se ha ampliado el Estado de Emergencia dictado en Mayo, a todo el departamento de Amazonas, a la provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto; así como a las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, por los graves hechos de violencia producidos en diversas localidades del departamento de Amazonas.

La Constitución Política del Perú, en el Capitulo sobre Régimen de Excepción, Artículo
137º, establece que en situación de Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas asumen
el control del Orden Interno, y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Los nativos peruanos en pie de lucha, en huelga indefinida, y con el apoyo de gremios y
sindicatos de trabajadores de las ciudades, no son terroristas ni guerrilleros, son simples ciudadanos que protestan por el avasallamiento de sus derechos a la tierra y a la libertad de organizarse sin temor a ver su medio ambiente -al que culturalmente están unidos- ser aniquilado por la devastación del “progreso” que pregonan las transnacionales bajo la mascarada de traer “inversión externa”. Y sus dirigentes más notorios no son figuras autoritarias con intereses políticos burgueses: Son simples delegados que representan ante las instancias de poder estatal, la voz de las comunidades.

Ya ha trascendido a la prensa que la orden de detención contra Pizango fue producto de una serie de presiones desde el Ejecutivo, según a revelado el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. Según refirió el magistrado, la jueza Norma Carvajal resolvió la madrugada del sábado 6 el mandato de detención contra el presidente de Aidesep por los hechos sangrientos de Bagua.

Sin embargo, Pizango tuvo que pasar a la clandestinidad, mientras Shampion Noningo
asumía la función de interlocutor del AIDESEP. Posteriormente, cuando la prensa reaccionaria se arrancaba los cabellos por no haber podido delatar a tiempo a Pizango, este obtuvo el asilo por razones humanitarias en la Embajada de Nicaragua. Un nuevo perseguido político del régimen aprista.

Solidaridad Libertaria Internacional Nuestra Organización viene coordinando con
otros movimientos, colectivos, federaciones, etc., anarquistas o de tendencia libertaria para coordinar una campaña de denuncia internacional y apoyo solidario con movilizaciones, mítines y demás acciones. El Pronunciamiento Internacional y las firmas pueden verse en nuestro Blog. Invitamos a que más personas se sumen a la campaña y hacer sentir nuestro respaldo a esta lucha que es nuestra lucha.

¡TODOS SOMOS AMAZÓNICOS!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
¡Alto a la masacre en la selva! ¡Todos somos amazónicos!
Declaración de USL-Perú difundida en solidaridad por la masacre indígena por:
FRENTE DE ESTUDIANTES LIBERTARIOS

¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS DEL PERÚ!

Las comunidades amazónicas e indígenas de la selva peruana (especialmente en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cuzco y Madre de Dios) nuevamente hacen sonar sus tambores de lucha y resistencia frente a las arremetidas del modelo económico neoliberal defendido por el gobierno peruano (con el Partido Aprista a la cabeza) y como medida de fuerza hacen el llamado a la rebelión popular tras el Paro General Indefinido acatado masivamente desde el 9 de abril de este año. Es decir, ya van más de 50 días en pie de lucha que sin duda vienen a ser un claro ejemplo de valor, organización y heroicidad.

Este intenso proceso de lucha indígena y amazónica se inicia luego de que el Estado peruano contraviniendo sus propios tratados internacionales, está violando, sistemáticamente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de cualquier tipo intervención en sus territorios por instancias ajenas a sus propias comunidades.

Es decir, el gobierno aprista ha iniciado (o mejor dicho, ha reiniciado) una nueva etapa de saqueos y venta al mejor postor transnacional, de las tierras que por tradición e historia le corresponde a cada una de las comunidades (awajún-wampis, kichuas, arabelas, huaronis, pananujuris, achuar, murunahus, o chitonahuas, cacataibos, matsés, candoshis, shawis, cocama-cocamillas, machiguengas, yines, asháninkas, yaneshas y otras más, incluidos los “no contactados”) y que hoy reclaman su derecho a existir y resistir.

El papel del Estado peruano

Se sabe que la Ley 20653, conocida como Ley General de Comunidades Nativas, dada por el gobierno de Velasco Alvarado, reconoció un 24 de junio de 1974, la "existencia legal y la personería jurídica de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles", confirmándolo en la Constitución Política de 1979, siendo borrado de un plumazo por la Constitución fujimorista de 1993 (que marcaba el inicio de la dictadura cívico-militar del hoy sentenciado Alberto Fujimori) para dejar el camino abierto al despojo y saqueo por los gobiernos sucesores y abriendo la puerta para el Tratado de Libre Comercio (TLC), que con los Decretos Legislativos de la actual gestión aprista ya han adquirido fuerza de Ley.

Tampoco dejemos de lado el hecho que ya desde que la propia Constitución fujimorista del 93, se dejó la puerta abierta para el despojo de recursos como mencionamos líneas arriba. Entonces es evidente que se ha empezado a ahogar y provocar el aislamiento de las comunidades, mientras la voracidad de las transnacionales lograba el establecimiento de concesiones en favor de empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos allí asentados.

Es decir, esto ha allanado el camino para la normatividad que el propio Estado, -salteándose la instancia legislativa (Parlamento nacional), mediante diversos decretos legislativos- declare los territorios de los pueblos originarios: "negociables en función de la economía del mercado".

Una vez más, el Estado peruano ha puesto en evidencia su carácter de instrumento de dominación y aprovechamiento de las clases explotadoras en nuestro país, que buscan seguir expropiando no sólo los derechos políticos, sino también los propios recursos a nuestras poblaciones indígenas (pueblos originarios) que hoy se levantan en rebelión contra el poder opresor.

Como comunistas libertarios, declaramos que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades originarias y nativas es un ejercicio auténtico de poder popular, pues se basa en principios comunitaristas, de aprovechamiento y uso colectivo de los recursos naturales, y en las propias formas de trabajo y beneficio común que ancestralmente se conservan en la Amazonía que tiene 31 de los 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95% de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico o hidro-energético.

Indígenas del Abya Yala en pide de lucha

En el marco del Paro Indígena, se ha dado un importante reunión de comunidades originarias andinas en la región sur del Perú, específicamente en Puno. Este encuentro fue la “IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala” que culminó el pasado domingo 31 de mayo con el compromiso unánime por el respeto de la madre tierra y los recursos naturales en provecho del ser humano y el rechazo enérgico de la privatización del agua y a la presencia de empresas transnacionales y el modelo económico neoliberal.

Todos estos postulados están comprendidos dentro de la “Declaración de Mama Quta Titikaka” (Lago Titiacaca, entre Perú y Bolivia), donde también se acordó movilizar a las organizaciones sociales y originarias para el mes de junio en defensa de los pueblos amazónicos y hacer marchas o mítines frente a la Embajada peruana en cada país.

Es importante, así mismo, resaltar el carácter de esta Cumbre indígena que lleva en esencia el germen auto-organizativo por el cual nosotros, militantes libertarios, apostamos, ya que en sus recomendaciones finales se planteó “la construcción de Pueblos Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en el autogobierno y la libre determinación de todos los pueblos”.

Así mismo, cabe denunciar la labor que cumplen los medios periodísticos oficiales empeñados en desinformar, desvirtuar u ocultar las justas medidas que se viene acatando en la selva peruana; en contubernio con el gobierno neoliberal de turno y sus cabezas Alan García; el vicepresidente y almirante en retiro responsable de las matanzas en los penales durante el primer gobierno aprista de los 80s, Luis Giampietri; el primer ministro, Yehude Simon, otrora dirigente izquierdista, incluso encarcelado por sus ideas y ahora fiel guardián de la reacción aprista.

Es claro ver que para la burguesía que controla el Estado bajo órdenes imperialistas, el camino hacia el despojo de las comunidades -que también constituye un plan para destruir su propio tipo de organización social y la relación que los entrelaza con su territorio- en su esencia se contrapone con el criterio occidental de propiedad privada y por ello significa un freno a la voracidad del capital transnacional que busca insertarse en esas zonas, usurpándolas en alianza con el Estado y convertirlas en feudos que garantice prosperidad y dominio a los explotadores.

El mismo presidente Alan García miente “sutilmente” cuando dice que de los 63 millones de hectáreas que tiene la selva peruana, solo 12 millones le corresponde a las comunidades amazónicas, cuando en realidad son más de 25 millones, tal como afirma el dirigente y máximo representante de las comunidades en lucha, Alberto Pizango quien ha sido denunciado por “atentar contra la seguridad común y entorpecer los servicios públicos”, junto a los dirigentes indígenas Marcial Mudarra, los hermanos Saúl y Servando Puerta, Daniel Marzano y Teresita Antazu. Además Pizango ya había sido demandado por “rebelión, sedición y otros” ante la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y tiene una tercera denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba (Amazonas), por “alterar la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios”.

Está claro que todo este proceso de demandas y persecución judicial y política se enmarca dentro del afán por parte del Estado de criminalizar toda protesta popular y reprimir las justas demandas sociales, presentando ante la opinión publica como “simples vándalos o salvajes ignorantes del progreso que significa la globalización” a los hermanos y hermanas indígenas del Perú.

En tanto, como libertarios entendemos que la lucha del pueblo indígena, amazónico y andino, por la defensa de sus territorios, de su organización, y de su cultura, se halla inscrita dentro de un programa mínimo que implica la conquista de las reivindicaciones de los pueblos oprimidos por el Estado, el Capitalismo y el Imperialismo.

Esta plataforma mínima debería basarse en exigir el uso de la acción directa para exigir la expulsión de las transnacionales de sus territorios. Ello en defensa de la integridad y sostenibilidad del hábitat y el ecosistema de la región -la cual, hay que recordar, constituye uno de los "pulmones" del planeta-, y por un desarrollo sostenible y la explotación planificada de la flora y la fauna, en base a criterios determinados por las comunidades. Además, la autodefensa activa de sus territorios y la recuperación de los mismos.

Por ello, creemos que la auténtica solidaridad activa con la lucha amazónica e indígena será profundizando la protesta popular (agitación, propaganda, huelgas, paros, acciones directas, etc.) e incorporando en toda plataforma de lucha, la de los pueblos originarios hoy.

FUENTE: http://www.uslperu.blogspot.com/