Declaracion Publica Huelga trabajadores FASA

Ante la huelga de los trabajadores de Farmacias ahumada FASA, el Frente de Estudiantes Libertarios declara:

1. Nuestra completa solidaridad ante la legítima lucha por las justas reivindicaciones que los trabajadores de FASA demandan desde hace más de 3 semanas. A esto cabe señalar nuestro repudio al cerco comunicacional del cual esta siendo objeto la movilización, al igual como los medios hicieron en relación a la lucha del pueblo mapuche hace algunas semanas atrás. Sumamos también los acuerdos económicos por parte de FASA y los grandes canales televisivos, además de otros medios de comunicación, los cuales derivan en presiones hacia los periodistas, con la finalidad de no cubrir la noticia. Con esto, nuevamente observamos como los grandes poderes económicos (comunicacionales y comerciales) se coluden y actúan en función de sus propios intereses.

2. Hace mas de 10 años que a los trabajadores de FASA no se les paga las gratificaciones que legalmente les corresponden, alegando la empresa que no recibe utilidades. Recordemos que esta empresa es una de las involucradas en el caso de colusión entre las 3 cadenas farmacéuticas más grandes del país, lo cual develo como las grandes empresas aumentaban sus ganancias de manera inescrupulosa, recibiendo una multa insignificante, en relación a las grandes utilidades recibidas como consecuencia de la manipulación de precios. Y ojo, que quienes sufrieron las consecuencias y el repudio del público ante la colusión no fueron los empresarios, si no que los mismos trabajadores a los que se les niega hoy en día un sueldo justo y una vida digna.

3. Denunciamos la indignante y ya tradicional maniobra empresarial, que para solucionar los conflictos laborales creados por ellos mismos, contratan a personal con poca experiencia para suplir las labores de los huelguistas, aprovechándose de la necesidad y los altos índices de cesantía que afectan a las grandes mayorías de nuestro pueblo.

4. Invitados a toda la comunidad a solidarizar con los trabajadores de FASA, en primer lugar, boicoteando a dicha empresa, es decir no comprando en las farmacias mientras continúe la huelga, además de participar en las distintas manifestaciones que los huelguistas convoquen y lo más importante, a entender este problema puntual como una expresión más del modelo económico imperante y los grandes grupos económicos, que someten y abusan día a día de la clase trabajadora y el conjunto de nuestro pueblo.

¡¡BOICOT CONTRA FARMACIAS AHUMADA!!
¡¡NINGUNA LUCHA SIN SOLIDARIDAD!!

Libertad a Los Presos Políticos Mapuche

El pasado 12 de julio un grupo de comuneros mapuche iniciaron una huelga de hambre en los penales de Concepción y Temuco, a los que se han sumado otros comuneros en las cárceles de Angol, Lebu y Valdivia en el sur de Chile. En total 32 personas, de los cuales algunos completan 46 días de huelga de hambre líquida.
Los medios de comunicación han tendido un cerco mediático ignorando la grave situación médica en la que se encuentran los comuneros, optando por criminalizar la protesta deslegimitando sus reivindicaciones.

Las demandas inmediatas de los presos mapuche son:

1. Libertad a todos los Presos Políticos de la Causa Mapuche.

Actualmente, alrededor de 60 Mapuches o personas comprometidas con esa causa están procesados o condenados por la Ley Antiterrorista por protestas sociales vinculadas a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos. La mayoría han sido torturados al momento de su detención y muchas veces han sufrido prolongadas incomunicaciones, traslados de modo arbitrario fuera de sus provincias para aislarlos de sus familias y reducirlos psicológicamente.

2. No a la aplicación de la Ley Antiterrorista.

La mayoría de quienes hoy están en huelga están formalizados en una investigación judicial y otros encausados por la ley antiterrorista. Organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han calificado a la ley antiterrorista como una legislación que no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos; al admitir la protección de testigos que la defensa no conoce (lo cual hace más difícil, para los abogados, el ejercicio del contrainterrogatorio lo cual imposibilita el desarrollo de un juicio justo); dando lugar a la existencia de testigos sin rostro en los procesos que se siguen en base a esta ley; al posibilitar la intercepción de las comunicaciones del imputado que ha incluido a sus abogados; y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También ha sido cuestionada por establecer una elevada penalidad, la que duplica en varios casos a aquella establecida en la legislación ordinaria. Asimismo, cabe concluir que la opción del gobierno de avalar e incluso hacerse parte en juicios invocando esta ley expresa una manifiesta voluntad política de reprimir la protesta social de esta población mapuche por medios cuestionados, y que tienen serias implicancias legales y sociales. Por último, la Ley Antiterrorista permite períodos de prisión preventiva muy largos, cuestión que explica que muchos mapuche llevan más de un año en esa situación.


3. Fin al doble procesamiento civil y militar en causas de protesta social mapuche.

Un grupo de mapuche encarcelados presentan un doble juicio, ya que por los mismos hechos tienen un proceso civil y otro en la justicia militar. El Estado ha recibido reiteradas recomendaciones de los órganos de tratados, de cumplimiento obligatorio para Chile, y del Relator Especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas que demuestran esta situación crítica de derechos humanos del pueblo mapuche. Es el caso de la recomendación del Comité contra la Tortura, que el estado de Chile debió responder en mayo pasado, una de las cuales insiste en limitar la competencia material y personal al Código de Justicia Militar, para investigar y sancionar acciones que involucren a civiles, que no ha sido respondida.
El estado de Chile no ha manifestado voluntad de intervenir en estas materias y así se puede interpretar de la tramitación en el parlamento, donde la ley antiterrorista como el Código de Justicia Militar no han sido discutidos.

Desde otro punto de vista, es cuestionable además la aplicación de la justicia militar en algunos de los procesos que se siguen contra los Mapuches por hechos de protesta social, puesto que dicha institucionalidad carecería de imparcialidad. Ejemplo de lo anterior, en palabras de José Aylwin del Observatorio Ciudadano, que ninguno de los carabineros responsables de la muerte Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio hayan sido sancionado.

4.Desmilitarización de las comunidades Mapuche en conflicto con empresas forestales y latifundistas.

Desde el punto de vista social, la aplicación de la Ley Antiterrorista favorece la estigmatización a una población ya vulnerable por sus condiciones de vida, y que se ve sometida a una permanente presencia y vigilancia de efectivos policiales en comunidades, que muchas veces se ha traducido en el uso desproporcionado de la fuerza en contra de sus integrantes. Esto ha generado graves impactos psicosociales en ellas, los que han sido reconocidos por instituciones del propio Estado y organismos como la UNICEF para la situación de los niños. Un caso emblemático de esta situación es el caso del menor José Huenante, quien fue detenido por Carabineros y hasta la fecha no se sabe qué ocurrió con su paradero, convirtiéndose así en el primer “detenido desaparecido” en democracia. Este marco de miltiazación responde a un uso de la violencia y de la impunidad frecuente.